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Por Rafael Cerame: • 23 de marzo de 2021
Respuesta desde Washington al pueblo de Puerto Rico
En noviembre el 53% votó en favor de la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión...
Uno de los argumentos en común de prácticamente todos los líderes políticos, radica en su alegado compromiso con la democracia y en el respeto a la voluntad del pueblo expresada mediante el voto libre en un proceso electoral.
El pasado mes de noviembre los puertorriqueños efectuaron elecciones generales y simultáneamente un referéndum sobre si favorecen o no solicitarle al Congreso de los Estados Unidos que la Isla sea admitida como un estado de la Unión.
En esas elecciones resultó electo Gobernador Pedro Pierluisi (PNP) y en las cámaras legislativas fueron electos una mayoría contraria al Partido Nuevo Progresista. Mientras, en el referéndum, la Estadidad resultó favorecida con un 53% de los votos.
Todos los funcionarios electos validaron el proceso electoral, sin embargo, en un comportamiento contradictorio, para aquellos que no favorecieron la Estadidad en la consulta, los votos emitidos en el referéndum no tienen el mismo valor en la democracia que los emitidos para su elección. Es decir: son demócratas cuando les conviene y autoritarios e irrespetuosos de la voluntad del pueblo cuando es contraria a su pensamiento político.
Como era de esperarse, el movimiento estadista tiene el desafío de provocar y conseguir en Washington una acción legislativa como respuesta al resultado del referéndum de noviembre.
A esos efectos, la Comisionada Residente de Puerto Rico ante el Congreso, Jennifer González Colón, presentó legislación, conjuntamente con el congresista Darren Soto, y avalada por decenas de legisladores de ambos partidos nacionales. Dicha legislación también fue presentada en el Senado federal.
Por su parte, las congresista Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron otra medida, que ignora el resultado del referéndum y propone como mecanismo procesal para atender el problema colonial de Puerto Rico, una "convención de status", en la cual se definan las opciones de Estadidad, Independencia y un pacto de libre asociación, enmarcado en un llamado Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos.
Ambos proyectos requieren la celebración de una nueva consulta al pueblo de Puerto Rico, pero, en esta ocasión, amparada en una legislación federal que comprometería al gobierno de los Estados Unidos con el resultado electoral.
En la democracia se tiene que respetar la voluntad del pueblo y no se puede ignorar el resultado del referéndum de noviembre. El liderato estadista debe asumir la defensa de esa causa ante el gobierno de los Estados Unidos y ante el mundo. De eso se trata la democracia.
No obstante, esa defensa de la voluntad del pueblo es parte de un proceso político que requiere integrarse a las deliberaciones legislativas en el Congreso, en donde, al momento, hay dos proyectos presentados relacionados al estatus político de Puerto Rico.
Partiendo de la premisa que se requerirá una consulta definitiva avalada por el Congreso de los Estados Unidos y que los mencionados proyectos difieren en el mecanismo procesal, se presenta una oportunidad para buscar un acuerdo que facilite la celebración de esa nueva votación.
Ante los escenarios planteados de otro referéndum Estadidad Sí o No - y la llamada "convención de status" propuesta por las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez, la alternativa debería ser un Plebiscito Estadidad o Independencia
y que sea el pueblo de Puerto Rico quien decida el camino a seguir para resolver el problema colonial de manera definitiva.
Ese modelo de consulta debe ser considerado como una alternativa en la búsqueda del consenso para armonizar las medidas legislativas ante la consideración del Congreso de los Estados Unidos.
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