La quiebra de Puerto Rico...

Durante los pasados días el liderazgo político de Puerto Rico logró un inusual acontecimiento: los principales dirigentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) lograron trabajar en común acuerdo para enfrentar y detener las pretensiones de la Junta de Supervisión Fiscal. 

Mediante un acuerdo entre los dos partidos tradicionales de la Isla, se aprobó legislación que facilitará la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, logrando garantizar el pago de las pensiones a los servidores públicos retirados. Sin duda, merecen el reconocimiento el gobernador Pedro Pierluisi, así como los presidentes del Senado José Luís Dalmau y de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez.

En ese mismo ánimo, resultaría injusto ignorar la verdad histórica que evidencian los hechos que marcaron el compromiso y lucha por garantizar las pensiones de parte del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares. 

Hoy Puerto Rico se encamina a salir de la quiebra y se presentan en los principales medios de comunicación una serie de análisis de parte de economistas y politólogos relacionados a dicho tema. Ante eso, una de las preguntas que debemos formularnos es: ¿Aprendimos de los errores cometidos? 

Para llegar a una respuesta honesta a ese simple y también complejo cuestionamiento, debemos repasar el origen de la crisis y su íntima vinculación con la condición política actual de Puerto Rico.

Si usted analiza las expectativas de calidad de vida que han tenido los puertorriqueños durante los pasados 50 años, deberá concluir que están enmarcadas en nuestra condición de ciudadanos de los Estados Unidos. La inmensa mayoría de los puertorriqueños aspiran a vivir la calidad de vida que existe en un Estado de la Unión, ya sea de manera consciente o inconscientemente. 

Los puertorriqueños queremos tener en nuestra Isla modernas autopistas; acceso a energía constante, a que tengamos agua potable de calidad con sólo abrir una llave en el fregadero en nuestros hogares. Queremos aeropuertos de primer nivel y mega puertos para cruceros. Nos gustan las grandes instalaciones como el Coliseo de Puerto Rico y el moderno Centro de Convenciones con su dinámico y atractivo distrito comercial. Deseamos en nuestros municipios modernas facilidades de salud, con la más alta tecnología médica. A esa calidad de vida aspiran la mayoría de los puertorriqueños como ciudadanos americanos. 

Es ahí donde radica uno de los problemas que dieron origen a la crisis: aspiramos a tener la calidad de vida de un Estado de la Unión, sin tener el presupuesto y la estabilidad económica que tienen la mayoría de los 50 Estados. Ante esa incuestionable realidad, los gobernantes del Estado Libre Asociado, en la búsqueda de complacer los reclamos de la población, de mayor obra pública y modernidad para Puerto Rico, han recurrido durante décadas a emitir deuda.

Emitir deuda pública es una acción necesaria en todos los gobiernos del Mundo. Lo importante es que dicha deuda sea compatible con la capacidad económica del estado responsable por el pago de dichos préstamos. 

Durante los 8 años de la Administración de Pedro Rosselló González se emitió deuda pública por la cantidad de 12,824 millones de dólares, equivalente al 18.50% de la totalidad de la deuda emitida por los gobiernos de Puerto Rico entre los años 1973 al 2016.

En el gobierno de Pedro Rosselló se realizaron multimillonarias inversiones en proyectos de infraestructura crítica, cómo el super acueducto, mejoras a los puertos, a la red vial de autopistas, la construcción del Tren Urbano e importantes instalaciones como el Coliseo de Puerto Rico y la planificación y desarrollo del Centro de Convenciones, entre otros proyectos.

En ese contexto debemos comprender que NO existe gobierno perfecto y en nuestro caso, hemos tenido administraciones con grandes méritos y también con inmensos errores que han sido agravantes a la crisis fiscal, qué, según los datos y estadísticas, inició su etapa más crítica a partir del año 2001, con el gobierno de Sila María Calderón. 

Entre el 2001 al 2012, los gobiernos de Sila Calderón, Acevedo Vilá y Luís Fortuño emitieron deuda pública por la cantidad de 42,788 millones de dólares, equivalente al 60% de la deuda que llevó a Puerto Rico a la quiebra. La última administración que emitió deuda pública fue la Alejandro García Padilla, por la cantidad de 3,796 millones de dólares.

Esos 4 gobiernos que tuvo Puerto Rico entre el 2001 al 2016 emitieron deuda pública por la cantidad de 46,485 millones de dólares. La interrogante que debe usted formularse es: ¿Cuáles proyectos de trascendencia y obras de infraestructura se realizaron durante esas administraciones financiados mediante esa deuda pública? Haga el análisis y llegue usted a sus propias conclusiones.

Repasando la historia, no se debe olvidar el hecho de que el primer gobierno que comenzó a reducir la deuda pública fue la Administración Rosselló Nevares (2017-2019).

Esos son los datos. Ahora que estamos próximos a salir de la quiebra, las preguntas que debemos hacernos, más allá de consideraciones político partidistas, es: ¿Cómo podemos desarrollar un modelo de desarrollo que facilite el crecimiento de nuestra economía de manera estable a largo plazo? ¿Lo podemos lograr bajo un Puerto Rico independiente o mediante la admisión de la Isla como un Estado de la Unión? En esa respuesta deberá estar la forma de armonizar las expectativas de calidad de vida de los puertorriqueños, versus las posibilidades de lograrlas, sin tener que retornar a una situación de crisis fiscal que nos lleve nuevamente a una quiebra.