Por: Rafael Cerame • 24 de enero de 2021

¿A quienes les conviene más un juicio político contra Trump en el Senado?

¿Estarían los Demócratas resolviéndole 
el problema a los Republicanos? 

Hace unos días el profesor de derecho Roberto Cox Alomar, explicó en una interesante columna que la Constitución de los Estados Unidos no contiene disposiciones específicas para atender la controversia que implica un juicio político contra un ex presidente, como está próximo a ocurrir con Donald Trump.

La Constitución dispone que será en el Senado que se juzgarán todos los casos de “impeachment” que les presente la Cámara de Representantes, teniendo como consecuencia, aquellos encontrados culpables, su destitución y la descalificación futura para ocupar el cargo. 

En el mencionado artículo, el profesor Cox Alomar hace referencia a los juicios políticos efectuados en el Senado de los Estados Unidos contra funcionarios que ya habían dejado sus cargos. Entre ellos, cita como precedente, el juicio contra el ex secretario del Departamento de Guerra, William Belknap, en el 1876. En ese caso, el Senado resolvió mediante votación 37 a 29, que dicho cuerpo político tenía la facultad para juzgar a ex funcionarios. 

En las decisiones adoptadas por el Senado, se determinó que las penas de destitución y la descalificación, son diferentes, justificando así la acción de juzgar a un pasado funcionario, al que resultaría académico la aplicación del “residenciamiento”.

Llama la atención, qué, ante la ausencia de un caso judicial, la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca ha emitido una decisión sobre una controversia constitucional que implicaría esas atribuciones del Senado.

Ante ese escenario, el Senado de los Estados Unidos se propone iniciar el juicio político contra Donald Trump, durante la segunda semana de febrero. 

Analicemos a las consecuencias políticas que tendría dicho proceso; a quienes les conviene y sus repercusiones en la sociedad americana. 

PRIMERO: El foro senatorial le proporcionará a Donald Trump lo que más le gusta: un escenario altamente mediático, donde él es el protagonista. Tendrá la oportunidad de defenderse, contando con un equipo legal a su favor y como tal, una motivación para reactivar a los millones de extremistas que lo siguen a través de la Nación. 

De resultar culpable, Donald Trump quedaría inhabilitado para aspirar a un segundo término en las elecciones del 2024. No obstante, aún le quedaría al ex presidente la posibilidad de impugnar esa descalificación ante la Corte Suprema, donde hay una mayoría de jueces afines a una tendencia política conservadora que lo pudieran favorecer con una decisión judicial.  

SEGUNDO: Todo ese proceso le haría más difícil al presidente Joe Biden su objetivo de unir a una sociedad que ha estado prácticamente al borde de una guerra civil durante el accidentado mandato de Trump en la Casa Blanca. 

TERCERO: A quien más le conviene inhabilitar electoralmente a Trump, es al liderazgo republicano que intenta retomar el control del partido. Es decir, sería el Senado, de mayoría demócrata, el que le resolvería un problema político al Partido Republicano, facilitando las condiciones para su renovación y recomposición electoral camino al 2024. 

En resumen, la prudencia debería dictarle al Partido Demócrata, concentrar sus esfuerzos en realizar un buen gobierno; establecer un contraste con la accidentada presidencia de Trump, tomando decisiones que faciliten la reunificación del pueblo, estimular el crecimiento de la economía y consolidar el mayor activo de los Estados Unidos: la DEMOCRACIA. 

Donald Trump fue electo presidente representando al Partido Republicano. Que sea ese partido quien asuma su gran problema y lo resuelvan internamente mediante el proceso de primarias. 

Así funciona la DEMOCRACIA. 

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